DEFENSORIA PÚBLICA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA
Por: Manuel Mosquera Garcés
Defensor Público - Regional Atlántico
El tema del acceso de justicia no es una problemática nueva, se trata de un concepto que ha sufrido profundas transformaciones, a partir de los siglos XVIII y XIX, al pasar de una concepción de declaración de defensa de derechos individuales a una concepción que incluye el deber estatal de proporcionar un servicio público. De esta manera el acceso a la justicia cada vez ha sido mas aceptado como un derecho social básico en las sociedades modernas "es el derecho humano primario en un sistema legal que pretenda garantizar los derechos tanto individuales como colectivos".
Por ello el principio de la igualdad tiene una gran relevancia cuando se trata del acceso a la justicia pues la misma implica no solamente la posibilidad de acceder si no que se ejercite en igualdad de condiciones para todos los sujetos procésales. La igualdad significa compensar las desigualdades sociales.
El problema de la defensa en Colombia ha sido su poca utilización. A partir del año 1991 con la creación de la Defensoría del Pueblo, que el tema de la igualdad de los derechos de los asociados y en especial de los huérfanos de la riqueza toma vigencia en este país y se empiezan a realizar esfuerzos importantes hacia su tutela.
Posteriormente, en 1992, mediante la Ley 24, se crea la defensa pública, que es definida como la institución que está llamada a brindar servicios y asistencia técnica a aquellas personas que se encuentren imposibilitadas económica o socialmente de defender sus derechos.
La modalidad en Colombia para la prestación de asistencia legal al indigente es la existencia de abogados por contratos a los que se les asigna un determinado número de casos. Creemos que el gobierno actual debe fortalecer a la Defensoría del pueblo y en especial a la Defensoría Pública, dotándola de elementos y recursos de toda índole para que los usuarios de este servicio sigan gozando de una defensa técnica (o científica como la llaman algunos), en todo momento, no solamente durante la instrucción y el juicio, sino también con posterioridad; durante la ejecución de las penas, es decir, la población carcelaria.
La Defensoría Pública constituye un soporte importante de la justicia, y una garantía de respeto a los derechos del procesado, principalmente del ciudadano que carece de los recursos económicos; este ciudadano requiere de ese servicio al que tiene derecho constitucionalmente, y no solo cualquier servicio, sino el mejor servicio que se puede ofrecer y que el Estado está en la obligación de brindar.
Cuando hay diferencia en estructuras, recursos y esfuerzos orientados a la asistencia de un interno (recluso), en contraposición de otro que no lo tiene, obviamente que no hay una verdadera justicia, y en este caso, el que no cuenta con recursos tendrá siempre la peor parte, y escasa posibilidad de conseguir su libertad.
Afortunadamente, con ocasión de la planeación (a más de 8 años) realizada por la dirección actual de la Defensoría del Pueblo, se están haciendo esfuerzos para estructurar la Defensoría del Pueblo y en especial la Defensoría Pública, de manera que en algún momento no haya diferencia en la forma en que se garantizan y se tutelan los derechos del ciudadano pobre, frente al ciudadano pudiente.
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